Dossier de prensa. Más de 40 años al servicio de la Seguridad y la Salud Laboral - Año 2016

  • Código: F.15.1.16
  • NIPO: 272-16-023-9

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Resumen

La historia de la seguridad y la salud en el trabajo en España es relativamente corta ya que la primera ley española de accidentes de trabajo, la Ley Benot, es de 1873. Sin embargo, la evolución que ha experimentado este sector ha sido vertiginosa. En 1900 se aprobó el Catálogo de Mecanismos Preventivos de Accidentes de Trabajo, en 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión y doce años más tarde, el Ministerio de Trabajo. En 1936 fue promulgada la primera ley de enfermedades profesionales, y en la segunda mitad del siglo XX se puso en marcha el “Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo”, embrión del actual Instituto Nacional de Seguridad y Salud el Trabajo (INSST).

Pero ha sido en las últimas décadas, marcadas por los cambios sociopolíticos y por la incorporación de España a la UE, cuando más se han incrementado los esfuerzos para prevenir los accidentes y las enfermedades laborales, y aumentar el grado de concienciación sobre este tema.

Hoy las políticas sobre seguridad y salud en el trabajo constituyen una prioridad en la agenda de las administraciones públicas y de los agentes sociales y, gracias a ello, la evolución en los últimos años de los índices de incidencia de accidentes de trabajo en España ha sido muy satisfactoria, con una reducción del 27% entre 2009 y 2014. No obstante, los expertos coinciden en que para mantener esa tendencia es preciso continuar trabajando intensamente y prever los nuevos desafíos que implican el envejecimiento de la población activa, la aparición de riesgos derivados de las nuevas tecnologías, etc.

En este contexto, el INSST va a jugar un papel fundamental en los próximos años, en su doble vertiente de centro de referencia nacional ante la Unión Europea y otros organismos internacionales, y como impulsor de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Esta Estrategia, aprobada en abril de 2015, ha sido diseñada por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, para responder a la demanda de una sociedad cada vez más exigente con la seguridad y la salud en el trabajo como parte fundamental del bienestar social.

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